Tras la exitosa manifestación por parte de la plataforma de sindicatos independientes, la Delegada del Gobierno de Baleares Dña. Aina Calvo Sastre se ha sentado con los sindicatos entre los que se encuentra la Confederación Sindical Independiente Fetico para atender las peticiones de los mismos.

Las medidas y políticas puestas en marcha en muchos casos no llegan a ser ni siquiera paliativas para el empobrecimiento que se está produciendo en los hogares, como consecuencia de la subida generalizada de los precios, que, en agosto, se han incrementado un 10,5 %, y unos salarios pactados en convenios, para quienes los han conseguido, del 2,56 %. Lo que supone una pérdida de casi 8 puntos de poder adquisitivo. Pérdida que se suma a la que se produjo en 2021 donde la subida salarial pactada en los convenios fue del 1,4 % y terminamos el año con un IPC del 6,5 %, en estos dos años la pérdida acumulada es de 13 puntos.

Con una legislación laboral en la que el incremento de la contratación indefinida está enmascarando el incremento de la contratación a tiempo parcial, especialmente entre las mujeres, y un notable aumento —estamos en máximos- de trabajadores y trabajadoras pluriempleados. El Gobierno no ha planteado una reforma laboral real.

Se disparan las bajas de los contratos indefinidos y las causas del despido evidencian una perversión: las extinciones de contratos por no superar el período de prueba se han incrementado un 902,6 %, las bajas “voluntarias" un 258,7 %, los despidos por causas objetivas un 234,7% y los despidos disciplinarios un 170%.

Ante quienes intentan un cuestionamiento de los servicios públicos y de los sistemas de protección social, más necesarios que nunca en épocas de crisis, -y ante la falta de políticas a largo y medio plazo que posicionen a nuestro país en el camino de un cambio de modelo productivo y de una modernización real- son necesarias políticas y grandes pactos de Estado con urgencia. Los PGE deben prestar especial atención a aquellos que están o pueden estar en riesgo de pobreza; garantizar el acceso y el poder adquisitivo de los pensionistas; deflactar las tablas del IRPF para mejorar la renta disponible; establecer ayudas a sectores con dificultades de viabilidad para evitar la pérdida de miles de puestos de trabajo y dedicar el incremento de la recaudación por parte del Gobierno a políticas redistributivas, especialmente en ayudas directas a las rentas más bajas.