La Confederación Sindical Independiente Fetico sigue trabajando por conseguir las mejores condiciones para todas las personas trabajadoras y también implicada como agente social en las problemáticas que afectan a la sociedad, por ello formamos parte de la MERP (Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones en la Constitución), en la que se busca la máxima protección y garantía para las pensiones de todos/as al solicitar que se blinden en la Constitución como un derecho fundamental.

Tras años de trabajo se han alcanzado importantes hitos como la entrega de más de un millón y medio de firmas ante el Defensor del Pueblo y también el debate que tuvo en el Congreso de los Diputados, con representantes de los distintos grupos parlamentarios (PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos, PdeCat y Compromís), algunas de las reclamaciones que ha expuesto la plataforma se han visto reflejadas en el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales para la reforma de las pensiones.

A continuación, puedes ver el comunicado de la MERP en relación a cómo se encuentra la situación actualmente tras este acuerdo.

La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) consideramos que el acuerdo alcanzado para la reforma de las pensiones reconoce algunas de las exigencias que, durante más de tres años, ha hecho el movimiento en defensa de las pensiones públicas, con el respaldo de la inmensa mayoría de la sociedad. Desde la revalorización según el IPC, hasta la eliminación del déficit presupuestario de la Seguridad Social.

Pero al mismo tiempo, son muchas y muy diferentes las posiciones que existen entre los miembros de la MERP, a favor y en contra, ante estos y otros muchos puntos del acuerdo. Por eso consideramos que el diálogo y el debate en torno a estas medidas, y la reforma en su conjunto, debe abrirse a toda la sociedad, promoviendo la participación de los sectores implicados y procurando que todas las alternativas sean escuchadas.

El Sistema Público de Pensiones es uno de los pilares de nuestra sociedad y un eje de solidaridad intergeneracional e interterritorial, por lo que un proceso de reforma debe estar basado en la participación, el debate y la reflexión, sin prisas, con luz y taquígrafos.

Por otra parte, manifestamos nuestra inquietud, por las medidas que el acuerdo pospone a negociaciones fuera del mismo y a la segunda parte de reforma, desde los años para el cálculo de las pensiones, pasando por el nuevo mecanismo de “equidad intergeneracional”, hasta los planes de empresa. Especialmente este último punto es el que más nos preocupa, como a todo el movimiento en defensa de las pensiones públicas.

Tal y como hemos reiterado en múltiples ocasiones, no nos oponemos a los planes privados de pensiones, como lo son los planes de empresa, sino a su aplicación a costa de la degradación del Sistema Público de Pensiones. Por eso creemos que es el momento de introducir en el proceso de debate y diálogo en torno a la reforma, la necesidad de blindar las pensiones en la Constitución, prohibiendo de forma explícita su privatización y la pérdida de poder adquisitivo, transformándolas en un derecho fundamental, para que nadie las pueda “tocar, recortar o privatizar”. Ni ahora, ni en el futuro.

Consideramos que es fundamental que cualquier paso que se dé debe tomar como punto de partida el compromiso del Pacto de Toledo a oponerse a cualquier transformación del sistema que suponga una ruptura de los principios en que se asienta el actual. Las recomendaciones del Pacto de Toledo son el resultado de muchos años de trabajo y en ellas también se ven reflejados los esfuerzos de toda la sociedad y las movilizaciones de los últimos años, en defensa de las pensiones públicas y de cualquier intento de privatización. Por ello, hay que tener muy en cuenta la significativa oposición que se expresó en su presentación ante la comisión, de la mayoría de grupos del Pacto de Toledo a puntos centrales del acuerdo

Solo con debate, participación, pluralidad y consenso se puede cerrar una reforma realmente sólida que garantice el poder adquisitivo de los y las pensionistas y el sistema público de pensiones y que ésta pase por el blindaje constitucional de las pensiones.